lunes, 24 de octubre de 2016

ACOSO LEGAL A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA


Octavio Acosta Martínez
Universidad de Carabobo
Valencia, Venezuela
2016
RESUMEN
         Este trabajo aborda el problema de la autonomía universitaria en dos pasos. En el primero plantea la interrogante acerca de su pertinencia y se concluye que ello no tiene una respuesta única, pues como todas las cosas, depende de un contexto y de un momento histórico. En el presente caso depende de un país, de un grado de desarrollo social, político y económico, de un sistema político, y de otras variables con menor grado de significación. En el caso de Venezuela intentamos  justificar que la autonomía es una necesidad y por lo tanto son legítimas las luchas que se han librado y se continúan librando para defenderla y preservarla.  En un segundo paso se presenta un recuento sobre la evolución que ha experimentado la autonomía universitaria en Venezuela en el período que hemos denominado “democrático”. Evolución que se expresa tanto en aspectos cuantitativos, como cualitativos. En lo cuantitativo, a partir de un acoso legal a que ha sido sometida por parte de todos los gobiernos del mencionado período. Este acoso se expresa en el diseño y aprobación de una red de leyes que progresivamente la han conducido a una mínima expresión (para algunas opiniones ella ya no existe). En lo cualitativo, ello se expresa en una redefinición camuflada del concepto mismo de autonomía (con rango constitucional), donde la ley toma posición en el debate modernidad-posmodernidad, además que la pone al servicio del cambio de modelo político que se trata de imponer al país.
PALABRAS CLAVE: autonomía universitaria, subdesarrollo, democrático, presupuesto, pertinencia.

ABSTRAC
            This paper addresses the problem of university autonomy in two steps. The first raises the question about its relevance and concludes that it has no single answer, because like all things, depends on a context and a historical moment. In this case it depends on a country, a degree of social, political and economic development, political system, and other variables with a lower degree of significance. In the case of Venezuela we try to justify that autonomy is a necessity and therefore are legitimate struggles that have fought and continue fighting to defend and preserve it. In a second step an account of the evolution experienced university autonomy in Venezuela in the period we have called "democratic" is presented. Evolution is expressed in both quantitative aspects, and qualitative aspects. Quantitatively, from a legal harassment that has been made by all governments of that period. This harassment is expressed in the design and approval of a network of laws that progressively led to a bare minimum (to some opinions it no longer exists). Qualitatively, this is expressed in a redefinition Camouflaged concept of autonomy (with constitutional status), where the law takes position in the modernity-postmodernity debate in addition that brings it to change political model that is imposed to the country.
KEYWORDS: university autonomy, underdevelopment, democratic, budget, relevance.

EJE TEMÁTICO. Gestión, gerencia educativa y currículo
·         Leyes y políticas educativas
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            De lo que voy a hablarles es del acoso a la autonomía universitaria en Venezuela, porque ya que este Congreso se está realizando en nuestro país es interesante que ustedes se lleven una información por lo menos de un capítulo del drama que estamos aquí viviendo.

            Con respeto a  nuestro tema uno podría hacerse dos preguntas:
1.      ¿Qué es la autonomía universitaria?
2.      ¿Es pertinente la autonomía universitaria?

            Definir la autonomía universitaria es algo que nos podría llevar todo el Congreso, a pesar de que ello ha sido objeto de apasionados y extensos debates y sobre lo que existe una abundante literatura. Nosotros mismos, en la Universidad de Carabobo, hemos pensado en realizar unas jornadas, involucrando a todos los sectores de la misma, para definir cuál es la autonomía que queremos. Quizás valdría mejor decir “la autonomía que necesitamos”. No va a ser fácil, el mismo concepto de autonomía está siendo cuestionado por algunas corrientes epistemológicas de moda, que tiene connotados representantes en nuestro propio campus. Por eso partiré de que cada uno de nosotros tiene un apartado en el rincón de sus conocimientos donde reposa aunque sea una idea intuitiva de lo que es autonomía universitaria. Sin embargo, para abordar con cierta precisión el tema de esta ponencia, apelaré a algunos argumentos legales para abordar este problema de definición.

            En Venezuela tenemos una Ley –me imagino igual en sus respectivos países- que regula la vida de las Universidades. En realidad tenemos varias, y eso forma parte del problema que voy a plantearles. Pero por ahora me referiré a la que específicamente se llama Ley de Universidades. En esta Ley se especifica que las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. También se dice que la enseñanza universitaria deberá estar abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales “se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica”. Allí comienzan a vislumbrarse algunos aspectos relacionados con el problema. ¿Cómo podrían, por ejemplo, las Universidades ejercer esta función rectora si existiera otra entidad por encima de ellas que ejerciera a su vez una función rectora, no ahora sobre la educación, la cultura y la ciencia, sino sobre la Universidad misma? ¿O sí sobre la educación, la cultura y la ciencia, pero a través de las instituciones universitarias? Pudiésemos también pensar en una institución paralela con esta misma rectoría –una competencia de rectorías, lo cual es un contrasentido-, pero con más poder. Poder político, poder económico, poder militar. ¿Y qué tal si esa supra rectoría tuviera serias y no disimuladas intenciones de imponer un pensamiento único? Indudablemente uno se inclina a pensar que para ejercer esas funciones que le otorga su ley especial, las Universidades deberían gozar de una sólida autonomía.
            Como estos conceptos, así tan en forma declarativa, se prestan a múltiples interpretaciones, hay un momento en el que tenemos que bajarnos del altar de los discursos filosóficos-epistemológicos y aterrizar en el terreno de las aplicaciones prácticas. Tratándose de leyes, es necesario determinar en qué consiste su aplicación y garantías de cumplimiento. Es necesario saber cómo se instrumentalizan tan elevados conceptos para evaluar y determinar si las instituciones se están manejando o no dentro del marco legal. El legislador entendió esto y diseñó cuatro aspectos a través de los cuales se instrumentaliza la autonomía universitaria:
1.      Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas;
2.    Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar programas de                  investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de  sus fines:
3.   Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su    personal docente, de investigación y administrativo;
4.      Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio.

            A estos cuatro aspectos le añadimos el principio de inviolabilidad del recinto universitario (“El recinto universitario es inviolable” dice otro Artículo de la ley) y ¡listo! Ahí tenemos le receta de la autonomía universitaria

            Ahora surgen algunos interrogantes sobre la pertinencia de esta autonomía. Visto en la forma sencilla, elemental, planteada hasta ahora, uno se inclinaría a pensar que esto no merece mayor discusión. Claro, la autonomía universitaria es pertinente si la entendemos en el sentido de que la necesitamos. ¿Pero, realmente la necesitamos?

            Para responder esta pregunta me permitiré acudir a dos variables: la variable “grado de desarrollo  del país” y la variable “tipo de gobierno en el país”.  A la variable “grado de desarrollo del país” le otorgaré solamente dos valores:
1.      Desarrollados
2.      Subdesarrollados
            No soy simpatizante de ese maquillaje político que se les da a los países subdesarrollados con la denominación de “países en vías de desarrollo”. Lo que se produce en ciertos países subdesarrollados es un desarrollo del subdesarrollo.  No puedo negar que hay países que han pasado de una etapa de subdesarrollo a otra de desarrollo. Ellos seguramente han transitado por etapas intermedias en las cuales han estado “en vías de desarrollo”. Algunos de estos países son hoy reales potencias. Me opongo realmente a esa denominación cuando se les da, por ejemplo, a los países latinoamericanos, los cuales están en una etapa eterna de “en vías de desarrollo”. Con los dos valores que he tomado arriba me basta para el problema que estoy planteando.

            La otra variable también la simplificaré y clasificaré los tipos de gobiernos en “democráticos” y “no-democráticos”. Cada uno de ellos, por supuesto, presentará una variedad de grados, sobre todo la segunda, los cuales influirán en las relaciones que luego establecerán con las Universidades.
            Si aceptásemos, aunque sea temporalmente estas dos clasificaciones, entonces sería importante revisar dos tipos de relaciones:
·         Relaciones del Estado con las Universidades.
·         Relaciones de la industria con las Universidades.
            En los países que he llamado desarrollados generalmente se puede apreciar que existe una perfecta sincronía entre los programas académicos de las Universidades y las necesidades del Estado en sus distintas áreas de competencia. De hecho, es de sus Universidades de donde han surgido soluciones a problemas que han determinado la suerte definitiva de los mismos. Soluciones que han traspasado las fronteras de estos Estados y han revolucionado la vida de todo el planeta. No me puedo detener en ejemplos, pero estoy seguro que ustedes los conocen.

            Tomemos por nada más, el caso de los Estados Unidos, muy significativo por ser éste reconocido como la primera potencia del planeta de acuerdo a  variables de consenso que determinan el grado de desarrollo. En los Estados Unidos no existe lo que para nosotros es una Universidad autónoma, pero ellas ocupan los primeros lugares en todos los rankings que se elaboran para evaluar estas instituciones. Las Universidades más prestigiosas son privadas y los requisitos para ingresar a ellas son bastante rigurosos. No existe el populismo de cupos obligatorios impuestos por el gobierno, pero los resultados, son de un altísimo estándar. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés,  Massachusetts Institute of Technology) ha sido catalogado en diversas clasificaciones realizadas como la Universidad más prestigiosa del mundo. Es una Universidad privada que tiene aproximadamente unos 10 300 estudiantes y 1000 profesores. Su relación alumnos/ profesor es, luego, de 10.3; está dentro de los estándares recomendados. Cuenta, dentro de sus logros, 78 Premios Nobel.
            La Universidad de Harvard compite con MIT por ser la primera institución universitaria del mundo. Tiene 21200 estudiantes y 2475 profesores. Su relación alumnos/profesor es de 8.5. Ha producido 48 Premios Nobel.
            Para no fastidiarlos con tantos ejemplos a los que pudiéramos apelar, tomemos finalmente, de los países desarrollados, a la Universidad de Cambridge, una Universidad pública inglesa, pero sin autonomía. De ella sale, al igual que en el caso de los Estados Unidos, una gran cantidad de los más destacados científicos, escritores y políticos del Reino Unido y del mundo.  Cuenta con una matrícula de 19 580 estudiantes y 5430 profesores, siendo su relación alumnos/profesor de 3.6. Con una relación así, un profesor puede hacer maravillas. No es de extrañar que cuente con 90  Premios Nobel en la actualidad.

            He obviado por razones de simplificación una gran cantidad de instituciones universitarias del mundo desarrollado que compiten en sus niveles de excelencia. Sólo para establecer una relación que me interesa y tomando solamente un indicador: cantidad de Premios Nobel surgidos de su seno, observen este cuadro de los cuatro países con mayor producción de ellos:

                         Estados Unidos -----------------------------------------  353
                         Gran Bretaña --------------------------------------------  121
                         Alemania ------------------------------------------------   105
                         Francia ---------------------------------------------------     61

              La gran mayoría de éstos provienen de sus Universidades e instituciones dedicadas a la investigación.

            Ahora una pregunta: ¿Para qué necesitarían estas Universidades el atributo de la autonomía? En ellas no existen Asociaciones de Profesores, mucho menos Federación de Asociaciones de Profesores, ni Centros de Estudiantes, ni, por supuesto, Federaciones de Centros Universitarios, ni cogobierno estudiantil. Sin embargo en ellas no es costumbre realizar huelgas por el aumento de salarios, ni por el pago de deudas atrasadas en años, entre ellas las propias prestaciones sociales, ni por retroactivos no cancelados para cuando fueron negociados, ni por las malas condiciones del trasporte, ni del comedor universitario, ni marchas de protesta por todos estos motivos y por la falta de cumplimiento de obligaciones contraídas.

            Para que tengan ahora una idea comparativa, tomemos nuestra primera casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela (UCV). Autónoma. Cuenta con una población de unos 62 600 estudiantes y una planta docente de 8600 profesores, siendo su relación alumnos profesor de 7.3. No es tan mala.  Para 2016 la UCV solicitó un presupuesto de 8 mil millones de bolívares, de lo cual le fue aprobado solo el 32%, esto es, 2 mil 560 millones de bolívares. Cantidad equivalente a aproximadamente a unos 4 millones de dólares, al cambio oficial. Como un punto de referencia, para afinar esta comparación, el MIT cuenta con un presupuesto aproximado de 9 715 millones de euros (más o menos 10 880 millones de dólares).
            Ahí tienen ustedes, 10 880 millones de dólares para 10 320 estudiantes en MIT; 4 millones de dólares  para 62600 estudiantes en la UCV.
            Si hacemos la comparación con la Universidad de Harvard, la diferencia es más abismal. Harvard es la Universidad rica de Estados Unidos y una vez, en un momento difícil para MIT se pensó incluso en fusionarla con Harvard como una tabla de salvación. Pero eso pasó en un tiempo lejano.   Y si tomamos como referencia  la Universidad de Cambridge, ahí si es verdad que se me cuelga la maquinita de calcular. Su presupuesto es de 5 330 millones ¡de libras de esterlinas! Como ven, el presupuesto de nuestra primera casa de estudio podría ser algo así como una propina que alguna de estas Universidades nos diera.
            Para terminar la comparación, la UCV no cuenta con ningún Premio Nobel.

            De la Universidad de Carabobo, aquí donde estamos sentados no quiero ni hablarles. Sólo les diré que su situación es más crítica que la de la UCV, pero estamos parejos en el hecho de que tampoco tenemos un Premio Nobel.

            Dos cosas, y no las estoy señalando necesariamente en orden de importancia:
            Primero, no es mi deseo hacer un fetichismo del Premio Nobel, pero alguna relación debe tener éste con eso que llamamos desarrollo .  En América latina sólo tenemos 17 Premios Nobel, muy repartidos entre nuestros países. Casi todos en literatura y  en la paz. El gran ganador es Argentina, con cinco, quien tiene dos Nobel de medicina, dos de la paz y uno en química. Secundado por México, tres, de los cuales uno es en química. Estos premios no están muy relacionados con ninguna política universitaria y obedecen más a los esfuerzos personales de quienes los han obtenido, sin menospreciar los esfuerzos administrativos realizados por los gobiernos u organizaciones que los han postulado. Tampoco trato de establecer grados en la diferenciación que se pueda formular entre una obra literaria y un hallazgo en física, por ejemplo. Pero sí hay una diferencia desde el punto de vista presupuestario y de la tecnología que se disponga. La experimentación en física, en química, en biología, en la medicina, necesita de la asignación de grandes recursos financieros, de bien dotados laboratorios y de una política de investigación bien formulada. El gran laboratorio de la literatura es el mundo en el que vive el escritor, tanto el mundo exterior, como su mundo interior; es su vida y su talento. Una obra maestra de la literatura puede ser escrita acostado en una hamaca. Es difícil que en Venezuela obtengamos un Premio Nobel en química o en física.

            Todo esto nos abre la puerta para considerar una variable de las que señalé al inicio: las relaciones de la industria con las Universidades. Para volver al caso de los Estados Unidos (no vayan ustedes a pensar que soy un pitiyanqui, todo lo contrario, pero no se puede tapar el Sol con un dedo, y el rigor académico obliga a observar lo que es observable). Allá, en el norte de nuestro gran continente, existe, se practica como política una interrelación importante entre Universidades, gobierno e industria. Tanto el gobierno como la industria acuden a las Universidades para diseñar planes de desarrollo y solucionar problemas que ambos afrontan. La industria está obligada por ley a estas contrataciones y a aportar donaciones que no son precisamente simbólicas. Los 10 880 millones de dólares de presupuesto anual de MIT no salen de los pagos de la  matrícula de sus 10 320 alumnos. Claro, algo sale de allí, pero qué tan significativo puede ser este aporte frente al presupuesto total. Las donaciones forman parte de la institucionalidad de la educación universitaria en ese país.

            ¿Cómo es el caso de Venezuela? Para ir pasando de una vez a lo que constituye el centro de nuestra ponencia. La industria venezolana es venezolana entre comillas. Es una industria muy parecida a la de cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Una industria productora de bienes de consumo, que no de capital, la cual trabaja en su casi totalidad, o bien como subsidiaria de alguna empresa matriz transnacional de algún país desarrollado, o bien siendo “nacional”, con patente de alguna de esas transnacionales por cuyo uso debe pagar un derecho elevado. Si ella es una subsidiaria, cuenta con la tecnología y el asesoramiento de su casa matriz. Si es nacional con patente extranjera, entonces debe realizar un pago especial por este derecho, y también por el asesoramiento técnico que ella necesita para solucionar los problemas importantes de producción que se les presenten. Es un combo de obligatoria adquisición.  Todo esto está contenido en el concepto de lo que denominamos royalty. En cualquiera de los casos, ella no está interesada en acudir a las Universidades para solucionar sus problemas importantes. Sólo lo hace con problemas no fundamentales cuando requieren de alguna solución breve que les simplifique el trámite de acudir a su casa matriz. Nosotros tenemos la experiencia del enorme esfuerzo que deben hacer los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y también sus profesores, para lograr que una empresa les abra sus puertas para realizar un Trabajo Especial de Grado. Cuando lo hacen, el estudiante debe pagar todos sus gastos, incluyendo la impresión de su trabajo, sin ningún tipo de contraprestación ni para el estudiante, ni para la Facultad, ni para la Universidad; tampoco para los profesores asesores. Esto lo puedo afirmar con toda propiedad por cuanto, en mi condición de profesor de la Facultad de Ingeniería he sido sujeto directo de tal experiencia a través de la cantidad de Trabajos de Grado que he tutorado.
            En diversas Facultades de nuestra Universidad se han creado algunos Centros, Estaciones y otros tipos de agrupaciones para romper con este cerco de las empresas y crear fondos de ingresos propios que alivien el déficit presupuestario institucional, además de producir a los profesores participantes en proyectos un ingreso adicional  compensatorio del bajo salario que devengamos los docentes. Por razones que escapan a esta ponencia, estos intentos no han producido los resultados esperados. Por el contrario, han creado serias distorsiones en nuestro funcionamiento interno, tocando seriamente aspectos académicos, legales, e incluso éticos, lo que deberá ser objeto de un estudio posterior, si es que alguien ya no lo ha hecho.

            Las consecuencias de todo este drama es que nosotros, las Universidades, dependemos práctica y exclusivamente de los aportes del Estado para nuestro funcionamiento. Así como el Estado depende práctica y exclusivamente de los ingresos petroleros. Imagínense nuestra situación actual cuando los precios del petróleo han sufrido el espectacular desplome que nos ha llevado a una situación crítica. Por supuesto, añadiendo las variables de la idoneidad administrativa y la corrupción, que tiene valores épicos en nuestro país. Pero con precios bajos o altos, el drama parece ser siempre el mismo. Tendrían que ver ustedes la cotidiana lucha anual que se libra en la Venezuela universitaria cuando estamos en ese proceso de aprobación de presupuestos.  Cuando éste finalmente se da, siempre en cantidad menor de la solicitada, pueden enseguida leer ustedes las declaraciones de los distintos rectores por la prensa: “Con lo aprobado tenemos para funcionar hasta Abril”. O hasta Junio, o hasta Julio, todo dependerá de los programas de cada Universidad. Otra declaración a la que estamos acostumbrados: “Con lo aprobado sólo alcanzará para pagar salarios. Habrá que suspender casi todos los demás programas, además del pago a proveedores”. Luego nos pasamos el resto del año rasguñando, protestando, manifestando, rogando, para obtener los recursos faltantes. Y tratando de ver además, dónde metemos a los dos mil estudiantes adicionales, por encima de nuestras capacidades que el gobierno nos obliga a aceptar. Y así se nos va la vida en las Universidades. Ahora díganme, en medio de este marasmo ¿con qué tiempo y recursos podemos nosotros fabricar un Premio Nobel?
            Un problema adicional, y de gran cuantía, es que aún así pretendemos ser autónomos, y lo reclamamos porque está escrito en la ley. Pero el gobierno que obedece a una elemental lógica de mercado, piensa que quien pone la plata pone las condiciones. Nosotros le exigimos, sin embargo, al gobierno dos cosas: el presupuesto justo para nuestro funcionamiento,  y autonomía. No es difícil para ustedes imaginar, que gran parte de nuestro tiempo se consume en una lucha constante por la defensa de la tal autonomía.

            Ante esta situación se desprende la segunda pregunta con la que comenzamos: ¿Es pertinente la autonomía universitaria? Es claro que realizamos esta pregunta para el caso de Venezuela, porque como hemos visto ella depende de tantos factores, dándose casos en los que la autonomía es totalmente innecesaria. Como un dato histórico, podemos afirmar que la autonomía universitaria tal como localmente la conocemos sólo existe en Venezuela y en otros países de América latina, no así en el resto del mundo. Nos falta información suficiente y veraz para emitir opiniones sobre algunas latitudes del mapa mundial; los países africanos, por ejemplo. Inicialmente, y sin que me quede ningún atisbo de duda, me permito afirmar con decisión que la autonomía para las Universidades venezolanas sí constituye una necesidad, a pesar de la paradoja de los recursos presupuestarios antes planteados. Si no fuera por la autonomía, por lo que ha sido ésta y no por lo que es, hace tiempo la Universidad no hubiese sido más que un parapeto al servicio de las parcialidades políticas que han controlado al país. No es que nos hayamos salvado totalmente de ello, pero al menos se ha logrado mantener encendida la antorcha de la rebeldía y la lucha por conducirla por senderos más nobles. Más valor adquiere esta posición en los momentos actuales, cuando ya no se trata de un simple cambio de gobierno dentro de un sistema democrático, sino del cambio del sistema mismo hacia destinos nefastos experimentados por otros países con las más amargas consecuencias.

            Por esta posición que hemos mantenido una gran parte de las fuerzas universitarias, la autonomía ha constituido una especie de piedra en el zapato para los gobiernos  de antes y el gobierno de ahora. Y es mucho lo que éstos han inventado para limitarla, cercenarla, controlarla, y en los actuales momentos, para eliminarla por completo, cosa que a mi manera de ver, lo han logrado. Por eso, pienso que las luchas por la “defensa de la autonomía” están erróneamente planteadas. No podemos defender lo que no existe. Las luchas deberían orientarse a sacar de su tumba a nuestra antigua autonomía y apelar a quién sabe qué tipo de conjuro para revivirla, o simplemente crear una nueva autonomía e imponerla. Lo que haré a continuación será contarles un poco sobre esta historia de amor y de dolor a fin de que se lleven una información de nuestra historia, y quién sabe si de algo les pudiera servir para entender por analogía y manejar los ambientes universitarios en los que ustedes se desenvuelven.

La autonomía en Venezuela
            En la Venezuela contemporánea, la autonomía venezolana tiene una fecha de nacimiento muy precisa. En enero de 1958 se produce en Venezuela un golpe de Estado contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es el nacimiento de una era democrática después de décadas en que varias generaciones no conocieron otra cosa que gobiernos totalitarios, dictatoriales y de facto. Parece que hay golpes de Estado buenos.
            En diciembre de ese mismo año 1958 entra en vigencia una nueva Ley de Universidades donde se consagra la autonomía de estas instituciones. Los cuatro componentes que leí al inicio de esta ponencia, y la inviolabilidad del recinto universitario los he tomado textualmente de esta ley. Pero desde el mismo comienzo de su entrada en vigencia comienzan los desencuentros con el gobierno. Quizás estos desencuentros podrían explicarse en parte porque después de tanto tiempo sin democracia, ni los líderes del gobierno ni los líderes de la Universidad tenían la experiencia en la administración de la democracia en el país, por una parte, y la administración de la autonomía en las Universidades, por la otra. Seguramente ambos cometieron errores, aparte de que no se deben considerar como dos instancias separadas e independientes. El gobierno desde el principio y siempre, trató de controlar todos los estamentos de la vida del país. Cada uno representaba una cuota de poder que lo apuntalaba. En nuestra cultura política siempre ha prevalecido la estrategia de acumulación de poder a través de una sumatoria de cuotas. Cada cuota es un escalón importante para impulsar las fuerzas contendientes a niveles de mayor jerarquía debido a esas cantidades acumuladas. Desde este punto de vista la Universidad constituía una presa muy importante, porque representaba la legitimación del gobierno en un plano doctrinario.  Así que el gobierno trató de conquistarla para ponerla a su servicio; primero por la vía de la penetración de sus cuadros y participación en los procesos electorales internos, después mediante el manejo de los recursos presupuestarios, luego mediante la modificación e introducción de leyes y reglamentos, y finalmente mediante la toma directa por las fuerzas del orden público. Sin embargo, hubo una gran resistencia interna, sobre todo en el sector estudiantil. Hubo un hecho que entró como un factor decisivo en el rumbo que tomó esta controversia: en enero de 1959 los revolucionarios barbudos de la Sierra Maestra toman el poder en Cuba y está demás que les cuente las repercusiones que esto tuvo en las juventudes latinoamericanas y en muchas juventudes e intelectuales de otras partes del mundo. Las diferencias Universidades-gobierno se agudizaron, surgieron movimientos guerrilleros alimentados por cuadros universitarios, se acrecentaron las manifestaciones públicas y enfrentamientos con las fuerzas del orden público y el gobierno encontró la excusa perfecta para allanar las Universidades en varias oportunidades, quebrando así el principio de inviolabilidad consagrado en la ley.

            En 1968 ocurrió otro hecho de gran impacto en las Universidades, el famoso Mayo Francés. Fenómeno político-social ampliamente estudiado, discutido y reseñado, del cual tampoco dudo que  tengan ustedes un amplio conocimiento. Este Mayo Francés se reflejó también en la Universidad venezolana que comenzó un proceso de cuestionamiento de todo, y de reformas que se expresaron con el nombre de Movimiento de Renovación Universitaria, oficializada luego por el Consejo Universitario de la UCV como Movimiento de Renovación Académica. Este movimiento acabó con la paciencia del gobierno, que se dejó de sutilezas y tomó dos medidas determinantes en la suerte de la heroína de nuestra historia:

1.    Allanamiento y cierre por más de un año de la Universidad Central de Venezuela,    además de allanamiento de otras universidades del país.
2.      Modificación de la Ley de Universidades en el año 1970, haciendo incidencia sobre la autonomía, limitándola considerablemente mediante la transferencia de funciones autonómicas a un organismo interventor del gobierno, introducido en el sistema de Universidades para su control oficial, el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Este CNU estaba ya contemplado en leyes de Universidades anteriores, pero con funciones, fundamentalmente asesoras, muy diferentes a las adquiridas a partir de este momento.

            El acoso a las Universidades nacionales existió desde casi el principio de la era democrática, pero es en este momento de reforma de la ley en 1970 cuando comienza el calvario legal             que hemos venido sufriendo hasta el día de hoy. Estamos pues en el inicio de esta historia de acoso.

            Debo suministrarles una información importante: para el período que he reseñado hasta el momento, existía esta Ley de Universidades como ley especial que regía todos los aspectos de la vida universitaria; no existía otra ley de nivel jerárquico superior a ella en el sector educativo. Sólo la Constitución estaba por encima. También había una Ley de Educación que regía para los niveles educativos inferiores a la educación superior, es decir, para los niveles de educación pre-escolar, básica y media (bachillerato). Había también una Ley del Trabajo que regía para los trabajadores de la administración pública y para los de las empresas privadas, pero no para las Universidades. Esto se mantiene así hasta el año 1980. En este año de 1980 se aprueba la Ley Orgánica de Educación que integra todo el sistema educativo, incluyendo las Universidades, Colegios Universitarios y otras instituciones de nivel superior.

            En esta LOE se reconoce también la autonomía universitaria. Se escribió allí en un Artículo que las Universidades gozaban de autonomía de acuerdo a lo pautado por la ley. Como esa ley que la pautaba no era otra que la Ley de Universidades, uno decía. “Bueno, por lo menos quedó igual que antes. Con el aporreo que le dieron en 1970, pero al menos no disminuyó” Mucha gente de verdad pensó de esta manera, incluyendo dirigentes gremiales y autoridades universitarias. El asunto es que en el mismo Artículo, en el segundo párrafo, contradecía lo que estaba en el primero, y contradecía a la ley de Universidades. Lo nuevo establecido conducía a una nueva disminución de la autonomía. Me imagino que los sistemas jurídicos de nuestros países deben tener muchos principios en común, derivamos de las mismas fuertes y hay cosas además que son de simple lógica. Si se produce una contradicción entre leyes de diferentes niveles jerárquicos, ésta se resuelve a favor de la ley de mayor jerarquía. En el caso que estoy tratando, a favor de la Ley Orgánica de Educación. Consecuencia: la autonomía universitaria recibe un nuevo golpe traduciéndose en otra disminución. Esta nueva modificación-disminución repercutió posteriormente en la aprobación de unas normas anti autonómicas, pero perfectamente legales, que regulaban nuestras condiciones laborales y que tenían como característica muy especial la transferencia de funciones patronales de las autoridades universitarias hacia el gobierno, representado en la figura del Ministro de Educación, con el nombre que cada cierto tiempo le cambian.
            Un hecho curioso en la historia de nuestra luchas gremiales  es que estas normas le sirvieron durante un tiempo al gobierno, pero dejaron de ser de su agrado debido a ciertas circunstancias de tipo económico que se dieron en el país, y sencillamente dejaron de aplicarlas. Nosotros pasamos luego años marchando y luchando en defensa de estas normas, las que ahora sí nos convenían. Pero lo más curioso dentro de lo curioso es que a la cabeza de las marchas, junto a los gremios siempre iban las autoridades universitarias quienes nunca se percataron que dichas normas las habían relevado de su condición de patronas de los trabajadores y profesores universitarios, por lo menos en cuanto a lo que a condiciones salariales se refiere, quedándoles solamente las funciones de contratación de personal.

            Después de la entrada en vigencia de esta LOE, se emite una serie de Decretos Presidenciales que apuntalan esta tendencia de controlar las Universidades y que conspiraron contra los residuos de autonomía universitaria que restaba. Son numerosos y sólo voy a destacar dos leyes esenciales que culminan este proceso de liquidación autonómica. Una de ellas es la propia Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, nuestra Carta Magna, aprobada justo un año antes de terminar el siglo XX, es decir, en 1999. En ella se consagra la autonomía universitaria, pero siendo ella una ley fundamental, rectora,  que define y delimita en forma general el marco de actuación de los poderes, no puede atender en detalle todas las circunstancias que se presentan en la vida del país y por eso remite a las leyes de rango menor que están supeditadas a ella. Les corresponde a las leyes orgánicas el rango inferior inmediato y cuando remite la autonomía universitaria a lo que determinen las leyes, de inmediato sabemos que la está remitiendo a la LOE, y posteriormente, un peldaño más abajo, a la Ley de Universidades. Así que el rango constitucional que adquiere la autonomía nos deja en el mismo lugar donde estábamos.

            Unos años más tarde, en 2009, se aprueba la Ley Orgánica de Educación que deroga la de 1980. En esta nueva LOE se ratifica el atributo autonómico de las Universidades Nacionales, se especifican más detalladamente los cuatro componentes de 1970 que ya conocemos, y en uno de ellos se introduce un cambio radical en lo concerniente a la elección de autoridades universitarias. Vale la pena detenerse un instante en este punto:

            En 2007 se celebró en Venezuela lo que se conoció como Referendo Constitucional, en el cual se pretendió reformar 69 artículos de la Constitución de 1999. Uno de esos artículos (el 109) fue aquel en el cual se reconoce la autonomía universitaria. Se propuso añadirle un texto que anulaba la parte autonómica correspondiente a la elección y nombramiento de autoridades universitarias. Tanto esto, como el mecanismo propuesto contradecía totalmente el componente administrativo contemplado en la Ley de Universidades y en la LOE de 1980, vigente para este momento. Dado que estas reformas propuestas en el referendo fueron rechazadas por el electorado, esta modificación del Artículo 109 fue también rechazada. Sin embargo, el gobierno maniobró para introducir por la vía de diferentes leyes orgánicas lo que había sido rechazado en el referendo, y de esto no se salvó el referente a la Universidad que fue posteriormente recogido por la nueva Ley Orgánica de Educación de 2009, dándole a la autonomía el golpe definitivo de su dilución.
            En esta nueva LOE también se remite a los profesores universitarios al ámbito de la Ley Orgánica del Trabajo, del año 1991, y convertida en 2012 en Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y de los Trabajadores. Las Tablas salariales de los profesores se establecen ahora en Convenciones Colectivas Únicas, las que se discuten y se aprueban entre los gremios devenidos en sindicatos por exigencias de la ley, y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPECT), el órgano del Ejecutivo nacional que ahora ejerce la rectoría del subsistema de educación superior conforme al principio de Estado Docente definido en la Ley Orgánica de Educación. Queda perfectamente claro ahora quién es el patrón de los trabajadores universitarios, dentro de los cuales, por reclasificación, están incluidos los profesores universitarios.

            Hay un punto que por razones de simplificación no podré examinar como su importancia lo requiere, pero que por rigor metodológico debo aunque sea mencionar para así cerrar el ciclo del acoso que he tematizado hoy. La Constitución bolivariana se ha permitido terciar en el debate de moda, modernidad-posmodernidad, que se da en ciertos círculos intelectuales universitarios y ha apostado a las propuestas epistemológicas de la posmodernidad cuando ha redefinido el concepto de Universidad, modificando la definición que sobre esta institución brinda la Ley de Universidades, vigente en apariencia. Esto no tendría nada de particular si no fuera por la connotación política que tiene esta postura para quienes han convertido una concepción  filosófica-epistemológica en términos de avanzada política revolucionaria comprometida con cambios estructurales en la sociedad, pero paradójicamente regresando al pasado mediante el fortaleciendo del poder del Estado- Nación que caracterizó al socialismo en sus etapas ortodoxas iniciales. De esta manera, la Universidad queda legalmente comprometida con el cambio político que contra viento y marea el gobierno bolivariano está tratando de imponer. Esto que les digo está expresado en el Artículo 109 de la Constitución, aquel en el que se “consagra” la autonomía universitaria, siendo éste el único aspecto del cual se ha dado cuenta la comunidad universitaria, desconociendo totalmente un tipo de lectura que se llama inferencial, y que en términos populares significa leer entre líneas.
           
            El acoso legal a la autonomía universitaria parece haberse cerrado definitivamente, pero no estoy seguro de ello; este gobierno bolivariano es una caja de sorpresas y siempre tiene a su disposición alguna carta guardada cuando uno pensaba que ya no había nada más. En mi concepto particular, la autonomía universitaria ha sido liquidada totalmente, aunque todavía pataleamos, y una razón de esto es que gran parte de nuestra comunidad aún no se ha percatado de ello. Quizás esto constituya una fortuna, pues el espíritu de lucha se mantendrá mientras creamos que existe alguna Dulcinea por rescatar. Menos mal.   

Referencias
ACOSTA MARTÍNEZ, Octavio (2015). La Autonomía Universitaria. Nueva crónica de muerte
     Anunciada. Edición del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Carabobo.         Valencia. Venezuela.

FUENMAYOR TORO, Luis (2008). Autonomía universitaria y reforma constitucional.      Educere. Dirección web http://scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1316-40102008000100015


 



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